La Justicia avanzó sobre una de las investigaciones urbanísticas más importantes de los últimos años en La Plata y ordenó paralizar diez loteos presuntamente ilegales que eran investigados por la posible existencia de una asociación ilícita inmobiliaria dedicada a la comercialización irregular de emprendimientos urbanos.
La medida, que fue adelantada en primicia por Diario Gran La Plata, fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia, quien ordenó el cese inmediato de las obras en los desarrollos denunciados por la Municipalidad de La Plata en octubre de 2024.
La resolución judicial establece la prohibición de continuar con cualquier tipo de actividad vinculada a esos emprendimientos, incluyendo construcciones, movimientos de suelo, apertura de calles e instalación de infraestructura, hasta tanto avance la investigación.
El expediente busca determinar las responsabilidades de empresarios del sector inmobiliario y ex funcionarios municipales que estarían vinculados, según la denuncia, a una operatoria destinada a vender terrenos sin contar con las autorizaciones urbanísticas correspondientes.
La investigación por los loteos ilegales en La Plata
La causa tomó dimensión luego de que un relevamiento realizado por la Municipalidad de La Plata detectara una enorme cantidad de barrios y proyectos inmobiliarios irregulares en distintos puntos del distrito.
Según el informe oficial, fueron identificados 435 loteos y barrios ilegales o irregulares, que abarcan unas 3.380 hectáreas, con aproximadamente 6.876 viviendas construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas, donde podrían haber terminado viviendo cerca de 165.000 personas.
El relevamiento reveló que muchas familias habrían comprado terrenos de buena fe sin conocer que, en algunos casos, se trataba de porcentajes indivisos de parcelas rurales o propiedades que nunca habían sido habilitadas para subdividirse, escriturarse o transformarse en barrios urbanos.
La situación generó perjuicios económicos para los compradores y una fuerte incertidumbre legal sobre la titularidad y el futuro de esas viviendas.
Alerta por riesgo hídrico y falta de servicios básicos
El análisis municipal también encendió alarmas por el impacto ambiental y territorial de estos desarrollos.
Del total de barrios detectados, 254 se encuentran ubicados en zonas con peligrosidad hídrica media o alta, mientras que numerosos emprendimientos presentan falta de servicios esenciales como agua potable, cloacas, desagües pluviales, energía eléctrica, transporte público y establecimientos educativos o sanitarios.
Desde el Municipio señalaron que la situación requiere un tratamiento individual de cada caso para evitar que continúen avanzando urbanizaciones que puedan profundizar problemas sociales, ambientales y de infraestructura.
Un programa para ordenar la situación
Ante el complejo escenario, la Municipalidad puso en marcha el Programa Municipal para el Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales e Irregulares, que analiza cada emprendimiento de manera particular.
El objetivo es permitir únicamente la continuidad de aquellos barrios cuyo nivel de consolidación haga imposible una reversión, mientras que se busca detener aquellos desarrollos que puedan agravar los perjuicios para vecinos, compradores y el ordenamiento urbano de La Plata.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en una causa que podría involucrar a cientos de familias platenses que compraron terrenos bajo condiciones que ahora son investigadas por la Justicia.
En el marco de la investigación judicial por la presunta asociación ilícita inmobiliaria, figuran como imputados el ex intendente de La Plata, Julio César Garro, junto a María José Botta, Marcelo Genoro, Luis Esteban Barbier, Ariel Fabián Bordigoni, Cecilia Mayochi, Leandro Arrechea, Facundo Dadín, Nahuel Julián Paradela, Melisa Soledad Bonfiglio, Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.
La causa busca determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados en una operatoria vinculada a la comercialización de emprendimientos urbanos presuntamente irregulares y el avance de loteos sin las autorizaciones correspondientes.
