Una presentación realizada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa el funcionamiento administrativo y financiero del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA). La denuncia plantea una serie de hechos que, según la denunciante, podrían configurar delitos contra la Administración Pública y solicita que sean investigados por una unidad fiscal especializada.
La presentación fue realizada por D. A., una asistente de Minoridad, quien pidió que la Justicia determine si las situaciones denunciadas corresponden a episodios aislados o si podrían formar parte de una mecánica habitual dentro del organismo.
Uno de los principales puntos señalados está relacionado con el supuesto pago de horas extras y guardias que no se habrían realizado. De acuerdo con la denuncia, los montos abonados coincidirían habitualmente con el valor de guardias de 24 horas y parte de esos fondos posteriormente habría sido desviada mediante mecanismos informales.
Según la presentación, inicialmente se habría indicado que ese dinero sería destinado a cubrir gastos institucionales urgentes, entre ellos la compra de medicamentos para menores alojados en dispositivos dependientes del organismo. Sin embargo, posteriormente surgieron dudas sobre el verdadero destino de los fondos.
Catering, cajas chicas y bienes del organismo
La denuncia también solicita revisar el funcionamiento de los servicios de catering y provisión de alimentos. En particular, busca establecer si existen diferencias entre las raciones efectivamente entregadas y las cantidades que figuran en la documentación administrativa.
Otro de los aspectos señalados corresponde a las cajas chicas institucionales, los fondos destinados a servicios policiales y la relación entre las partidas asignadas y la cantidad de efectivos afectados a los distintos dispositivos.
También se pidió auditar los depósitos e inventarios del OPNYA, donde se almacenan colchones, muebles, electrodomésticos, materiales de construcción y otros bienes adquiridos con fondos públicos.
El objetivo es determinar el destino de determinados elementos y establecer si existen faltantes o irregularidades en los registros.
También apuntan a obras y contrataciones
La presentación incorpora además las obras de infraestructura y contrataciones realizadas por el organismo. En este caso, se solicita determinar si los trabajos ejecutados se corresponden con las partidas presupuestarias asignadas y si pudieron existir superposiciones de financiamiento entre distintos organismos estatales.
Otro punto bajo análisis son determinados cargos presupuestados cuyas funciones no estarían claramente identificadas. Por eso, se pidió relevar la totalidad del personal, sus tareas, los lugares donde prestan servicios y su situación administrativa.
Entre las personas cuya actuación se solicita investigar aparece una funcionaria que se desempeña como directora de un dispositivo dependiente del organismo. Sin embargo, la propia presentación deja abierta la posibilidad de que la investigación alcance a otros niveles y funcionarios.
Piden preservar pruebas y documentación
La denuncia también plantea la necesidad de analizar el patrimonio y los ingresos de algunas de las personas mencionadas. En ese sentido, aclara que esa medida no implica atribuir de antemano la existencia de enriquecimiento ilícito, sino determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio registrado.
Como parte de la prueba, fueron ofrecidos distintos testigos vinculados con el funcionamiento del organismo y se mencionó la existencia de conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, transferencias y documentación administrativa que podrían ser incorporados al expediente.
Además, se solicitó preservar de manera urgente documentación física, servidores, registros informáticos y cualquier otra evidencia que pueda resultar relevante para la investigación.
Entre las medidas reclamadas figuran auditorías sobre horas extras, guardias, compras, proveedores, depósitos, cajas chicas, servicios policiales, obras, contrataciones y cargos presupuestarios.
Ahora deberá determinarse qué fiscalía tendrá intervención y si los elementos aportados resultan suficientes para avanzar con una investigación penal sobre el manejo de fondos y recursos públicos dentro del OPNYA.
