La Justicia Federal puso contra las cuerdas a Manuel Adorni en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al platense que explique, en un plazo de 15 días, 20 puntos de su patrimonio en los que detectó inconsistencias por más de $43 millones y US$402.578,12.
🚨Se cayó la excusa de Adorni, y está cada vez más cerca de ir a la cárcel. La justicia no le creyó lo del pendrive, y le dio plazo de 15 días para que explique de dónde sacó el dinero para comprar casas, departamentos, camionetas y viajar. pic.twitter.com/0qtc7XbvpQ
— El Prensero (@El_Prensero) August 10, 2026
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y alcanza el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La intimación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando el exfuncionario asumió su primer cargo durante el gobierno de Javier Milei, y el 27 de junio pasado, cuando dejó su puesto.
La Fiscalía reconstruyó los ingresos, gastos, operaciones y bienes declarados durante ese período y encontró diferencias que, por ahora, Adorni deberá justificar. Para avanzar en el análisis, Pollicita tomó en cuenta las declaraciones juradas patrimoniales, sus rectificativas y un informe técnico elaborado por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DAFI).
Los dólares y las propiedades que deberá explicar
Uno de los principales puntos del requerimiento está relacionado con los dólares en efectivo declarados por Adorni. El fiscal quiere conocer con precisión de dónde salió ese dinero, cuándo fue obtenido y cuál fue el mecanismo utilizado para incorporarlo a su patrimonio.
También deberá aportar documentación sobre las operaciones y explicar su trazabilidad bancaria o bursátil.
Otro de los puntos que quedó bajo la lupa es la vivienda ubicada en el Country Indio Cua. Adorni deberá explicar cómo fue adquirida, de dónde provinieron los fondos y por qué el inmueble figura a nombre de su esposa.
La Fiscalía también pidió explicaciones por los US$245.000 que fueron abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción realizados en esa propiedad.
A su vez, el exfuncionario deberá justificar los pagos realizados para equipar la vivienda familiar de Caballito y el origen del dinero utilizado para comprar el departamento ubicado en Miró 550.
Una diferencia de más de $43 millones
La reconstrucción patrimonial realizada en la causa estableció que Adorni percibió 35 sueldos como funcionario público. Sumados los ingresos comprobados de su esposa, el matrimonio alcanzó durante el período investigado ingresos por $229.752.283,20.
Sin embargo, los gastos registrados fueron considerablemente mayores: llegaron a $272.820.832,20 e incluyeron seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549. Ese es uno de los principales números que ahora deberá explicar el exjefe de Gabinete.
En paralelo, el análisis detectó US$402.578,12 en gastos que, según la Fiscalía, no encontrarían correlato con los ingresos lícitos comprobados. Allí aparecen viajes al exterior, alquileres temporarios, refacciones y compras de muebles, entre otras operaciones realizadas en efectivo y en dólares.
También miran las criptomonedas y los pagos en efectivo
La investigación también avanzó sobre el origen de los fondos utilizados para comenzar inversiones en criptoactivos. Los rendimientos obtenidos posteriormente fueron utilizados para justificar parte del incremento patrimonial, por lo que la Fiscalía pidió mayores precisiones sobre esas operaciones.
Otro punto bajo análisis es la utilización de terceras personas para realizar compras y pagos en efectivo que, de acuerdo con la investigación, habrían tenido como verdadero destinatario a Adorni.
También deberán ser explicados los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, vinculados con tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.
El requerimiento de Pollicita llegó después de que el fiscal recibiera el informe técnico de la DAFI, cuyos datos se encuentran protegidos por el secreto fiscal.
Una causa que puede complicarse
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y luego sumó dos ampliaciones. Una de ellas fue impulsada por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Ahora, Adorni tendrá 15 días para presentar sus explicaciones y aportar la documentación que considere necesaria. Si la Fiscalía entiende que las respuestas no alcanzan para despejar las inconsistencias detectadas, la causa podría avanzar hacia un pedido de declaración indagatoria.
