Una grave denuncia contra la jueza Cecilia Inés Sanucci puso bajo cuestionamiento su actuación durante un juicio oral y solicitó que se investigue si una sucesión de episodios protagonizados por la magistrada pudo haber vulnerado garantías fundamentales de un imputado que, según sostiene su familia, llegó a quedar frente al Tribunal sin la presencia de su abogado de confianza.
La presentación fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense y apunta directamente contra la conducta de Sanucci.
Los denunciantes reclaman que se determine si su comportamiento resulta compatible con los deberes de imparcialidad, independencia, prudencia y respeto por el derecho de defensa que debe observar una magistrada.
Uno de los episodios más delicados denunciados habría ocurrido cuando el defensor particular de AR no pudo presentarse debido a un problema de salud, posteriormente acreditado según consta en la presentación mediante un certificado médico por 48 horas.
Pese a la ausencia de su abogado, el imputado habría sido llevado igualmente ante el Tribunal y se habría avanzado con la apertura de la audiencia.
Pero la acusación va más allá. La familia sostiene que, mientras AR se encontraba sin su defensa técnica de confianza, Sanucci habría comenzado a formularle preguntas vinculadas con su propio abogado.
Incluso, según la denuncia, la magistrada habría intentado conocer el contenido de una conversación privada que el imputado había mantenido con su defensor el día anterior, un intercambio alcanzado por la confidencialidad propia de la relación entre una persona sometida a un proceso penal y su abogado.
Uno de los pasajes más fuertes de la presentación refiere a una supuesta intervención de Sanucci sobre la elección del abogado.
Según los denunciantes, la magistrada habría sugerido a AR que evaluara cambiar de defensor y le habría manifestado que hacerlo sería “para su bien”.
La familia considera que, de comprobarse, esa expresión podría representar una injerencia de gravedad sobre una de las decisiones centrales de cualquier persona sometida a un proceso penal: elegir libremente quién ejercerá su defensa frente al Tribunal encargado de juzgarla.
Los denunciantes también remarcan que parte de esas expresiones habría ocurrido fuera de la formalidad del registro ordinario de la audiencia. Por ese motivo, solicitaron que A.R. sea citado a declarar para reconstruir personalmente lo sucedido.
La denuncia no se limita a ese episodio. También cuestiona la reprogramación del debate y una serie de decisiones que, según la familia, habrían generado una creciente situación de tensión entre la defensa y el Tribunal.
A esto se suma otro señalamiento considerado especialmente sensible: los denunciantes aseguran haber observado reiteradas reuniones entre la magistrada y representantes legales de la denunciante de la causa principal.
Para intentar determinar qué ocurrió, solicitaron que se preserven y analicen las cámaras de seguridad ubicadas en el primer piso del edificio judicial.
Según la presentación, la acumulación de estos episodios habría generado en la familia una pérdida de confianza respecto de la necesaria equidistancia de la magistrada. La denuncia plantea una posible “predisposición adversa” y sostiene que podría haberse visto comprometida la apariencia objetiva de imparcialidad.
La familia solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir los hechos y evitar que los episodios denunciados queden reducidos a versiones contrapuestas.
Entre ellas, reclamó la remisión de las actuaciones completas, actas, resoluciones, constancias de comparecencia y comunicaciones mantenidas con las partes.
Uno de los elementos considerados centrales son los registros audiovisuales y sonoros de las audiencias, especialmente los correspondientes al 13 de agosto de 2026, cuya preservación fue solicitada expresamente.
También pidieron que se determine formalmente si las conductas atribuidas a Sanucci resultan compatibles con los deberes de independencia, imparcialidad, prudencia y mesura exigidos a una magistrada y con el respeto efectivo del derecho de defensa.
La presentación coloca así bajo escrutinio institucional una serie de episodios que la familia considera de extrema gravedad. Ahora será el organismo competente el que deberá analizar la documentación, preservar las registraciones solicitadas y determinar qué ocurrió dentro de la sala.
Cabe aclarar que las conductas descriptas constituyen, por el momento, acusaciones formuladas en una denuncia y deberán ser corroboradas mediante el procedimiento correspondiente.
