El conflicto judicial por los loteos ilegales en La Plata sumó un nuevo capítulo. La Municipalidad solicitó el apartamiento del fiscal de la UFI N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, quien tiene a su cargo la investigación sobre la presunta comercialización de desarrollos inmobiliarios irregulares que también involucra a exfuncionarios de la gestión anterior.
El planteo fue presentado ante la jueza de Garantías N°5, Marcela Garmendia, responsable de las causas impulsadas por la administración del intendente Julio Alak tras detectar más de 430 loteos ilegales que habrían sido promovidos y puestos a la venta durante el gobierno municipal anterior.
La denuncia apunta a que se investiguen presuntos delitos como estafa, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto por parte de exintegrantes del Ejecutivo local como de empresarios vinculados al negocio inmobiliario.
En la presentación, firmada por la secretaria de Justicia y apoderada legal del Municipio, Marina Mongiardino, se cuestiona la actuación del fiscal al considerar que transcurrieron casi 21 meses desde la denuncia inicial sin que se hayan adoptado decisiones procesales de fondo, pese a que desde hace más de un año existirían informes bancarios, patrimoniales, pericias y abundante documentación incorporada al expediente.
Según el escrito, la demora no se justificaría por la complejidad de la investigación, sino por una supuesta falta de impulso. Además, se remarca que el propio fiscal impulsó en un primer momento medidas como el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal de los investigados, pero que, una vez obtenida esa información, el expediente quedó prácticamente sin avances.
El pedido de recusación se conoció pocos días después de que la jueza Garmendia ordenara frenar diez emprendimientos inmobiliarios considerados ilegales y cuestionara el desempeño del fiscal durante la investigación.
En esa resolución, la magistrada dispuso la paralización de las obras, el movimiento de suelos y la apertura de calles en distintos desarrollos denunciados por la Municipalidad. Además, dedicó una parte importante del fallo a señalar la falta de avances en la causa y la demora para formalizar imputaciones contra los investigados.
La investigación judicial se originó luego de que el Municipio detectara urbanizaciones desarrolladas en zonas rurales o en sectores donde la subdivisión de tierras no estaba permitida por la normativa vigente.
La primera denuncia fue presentada en octubre de 2024, cuando la gestión de Julio Alak pidió investigar posibles maniobras de estafa, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Posteriormente, en enero de este año, la Comuna amplió la presentación al advertir que continuaba la comercialización de terrenos presuntamente ilegales y solicitó que también se investigaran posibles delitos de desobediencia y estafa.
