Una grave denuncia penal fue presentada recientemente contra la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 del Departamento Judicial La Plata, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación sostiene que la falta de intervención de la representante del Ministerio Público habría dejado desprotegida a una menor de edad que posteriormente habría vuelto a ser víctima de abuso.
De acuerdo con la presentación judicial, el pasado28 de mayo de 2026 se había radicado una denuncia penal en la que se alertaba sobre una situación de riesgo que involucraba a la niña y se solicitaba la adopción de medidas urgentes de protección e investigación.
Sin embargo, según consta en la denuncia contra la fiscal, la Fiscalía N.º 17 no habría impulsado ninguna medida para resguardar a la menor ni avanzar con la investigación. "La fiscalía no hizo nada", sostiene textualmente el escrito presentado contra la funcionaria judicial.
La situación tomó un giro aún más grave el miércoles 1 de julio, cuando vecinos advirtieron una presunta maniobra del hombre denunciado con la menor. Según trascendió, los presentes intervinieron y redujeron al sospechoso antes de que llegara la Policía, en un episodio que terminó con el hombre siendo agredido por los vecinos.
Posteriormente, el acusado quedó detenido por disposición de la UFI N.º 16 del Departamento Judicial La Plata. Durante la investigación, los peritajes realizados sobre su teléfono celular habrían permitido hallar diverso material de pornografía infantil, elemento que ahora forma parte de la causa en su contra.
Los denunciantes sostienen que, de haberse adoptado las medidas preventivas solicitadas a fines de mayo, el episodio ocurrido el 1 de julio podría haberse evitado. Por ese motivo, solicitaron que se investigue la eventual responsabilidad penal de la fiscal Di Lorenzo por la presunta omisión de sus deberes funcionales.
La causa contra la funcionaria judicial deberá determinar ahora si existieron demoras injustificadas u omisiones que pudieran configurar un delito, mientras en paralelo continúa la investigación sobre el detenido por los hechos denunciados y por el material de abuso sexual infantil presuntamente encontrado en su dispositivo electrónico.
