Vecinos de General Lavalle denunciaron que figuran en el Boletín Oficial cobrando subsidios por "bajos recursos" que jamás solicitaron.
Tras los reclamos, las autoridades municipales intentaron minimizar la situación, explicando que “se usaron informes sociales de indigencia para intentar blanquear y justificar pagos parciales de trabajos precarios hechos meses atrás”. Ahora, muchos damnificados exigen respuestas urgentes sobre el uso indebido de sus datos.
Esta maniobra se ejecutó desde el área social, calidad de vida y desarrollo humano del municipio, bajo la gestión de la Sra. Natalia Loureiro, hoy devenida en Contadora municipal.
La noticia cobró gran relevancia y los medios nacionales no tardaron en replicar el avasallamiento. En ese contexto, la Sra. Loureiro publicó en sus estados de WhatsApp: “El mal agradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero tarde o temprano la miseria le aclara la memoria”. Esta frase desalmada desató una indignación aún mayor: sin importar la vulnerabilidad social de quien reciba la asistencia, y más allá de su gratitud, resulta inaceptable que una funcionaria pública le desee la miseria a un ciudadano.
Que una funcionaria responsable del bienestar de los ciudadanos desee miseria a la población representa una contradicción ética, institucional y humana fundamental. Este tipo de episodios, que evocan casos reales de deshumanización y desprecio clasista por parte de servidores públicos, invita a un análisis profundo sobre los mecanismos mentales y sociales que operan cuando el poder se desvincula de la empatía.
Los funcionarios de Acción Social o Desarrollo Social tienen el deber ético de reducir la pobreza y garantizar el bienestar general. Sin embargo, desde el gobierno municipal de Nahuel Guardia, se estaría desnaturalizando los programas sociales, al utilizar herramientas destinadas a la emergencia social para encubrir la falta de personal en planta o de contratos formales. Esta práctica priva a los trabajadores de sus derechos fundamentales, tales como aportes jubilatorios, obra social, aseguradora de riesgos del trabajo (ART), aguinaldo y vacaciones.
Quienes administran recursos destinados a los sectores más postergados tienen la obligación de actuar con empatía y respeto absoluto hacia la dignidad humana; se trata de un imperativo ético. En este contexto, las expresiones de desprecio o burla por parte de la funcionaria pública despiertan un profundo rechazo social, exponiendo su falta de idoneidad para el cargo. Ante esto, cabe preguntarse: ¿quiénes actúan con verdadera miseria moral? ¿No serán aquellos que manipulan datos para falsear informes y otorgar ayudas económicas, cuando no la son, instrumentando así la pobreza para justificar el empleo precarizado?
Resulta inadmisible calificar de "miserable" a la víctima de estas arbitrariedades, cuya situación es expuesta falsamente en un boletín oficial.
"Sin memoria ni gratitud. Hay funcionarios que se olvidan de cómo llegaron y para qué ocupan ese lugar”.
