El bloque UCR+PRO, presentó un proyecto de decreto en el concejo deliberante en el que expresa su firme rechazo a la construcción de dos centrales termoeléctricas, denominadas "Abasto I" y "Abasto II", que se proyectan instalar a la altura del kilómetro 49 de la Ruta 2, en las cercanías de la ciudad.
La iniciativa, firmada por los concejales Melany Horomadiuk, Manuela Forneris, Gustavo Staffolani, Diego Rovella y Javier Mor Roig sostiene que estas instalaciones podrían tener graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales para toda la Región Capital, abarcando localidades como Abasto, Olmos, Ingeniero Allan, Ensenada, Berisso y diversos barrios platenses como Romero, Villa Elvira, Gonnet y City Bell.
Preocupación por el impacto ambiental y la salud pública
En los fundamentos del decreto, los concejales alertan sobre los efectos contaminantes que generan las centrales termoeléctricas alimentadas con combustibles fósiles, como gas natural y fuel oil. Entre los principales riesgos se enumeran la emisión de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado (PM2.5 y PM10), con impactos directos sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.
Además, se señala que las emisiones contribuirían al cambio climático, un fenómeno ya palpable en la región a través de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Movilización vecinal y alternativas sustentables
Vecinos y organizaciones de Brandsen, Abasto, Olmos y otras localidades ya han manifestado su oposición al proyecto, organizando asambleas y protestas. El Foro en Defensa del Río de La Plata, la Salud y el Medioambiente también expresó su preocupación, advirtiendo que las termoeléctricas podrían consumir millones de litros de agua potable al día y verter aguas residuales contaminadas en el Arroyo San Luis, afectando humedales protegidos y comprometiendo la biodiversidad local.
Desde el Foro se propuso como alternativa una planta de energía solar, una opción más limpia y sostenible frente a la crisis energética que atraviesa el país.
Cuestionamientos legales y derecho ambiental
El proyecto cita el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y el Acuerdo de Escazú, que asegura el acceso ciudadano a la información ambiental y la participación pública en decisiones que puedan afectar su entorno. En ese sentido, los concejales remarcan la necesidad de evaluar alternativas energéticas más sustentables y priorizar la salud y el bienestar de la población.
Con este decreto, el Concejo Deliberante de La Plata se suma a los reclamos ciudadanos y a la demanda de un modelo energético que no sacrifique el medioambiente ni la salud por intereses económicos o soluciones de corto plazo.
