Mientras la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, con hospitales desbordados, escuelas abandonadas, desempleo creciente, niños fuera del sistema educativo y una ola de inseguridad que no da tregua, el gobierno de Axel Kicillof impulsa una licitación por más de $512 millones para la “Adquisición de placas de madera e insumos de ferretería destinados a Polos Productivos”.
El proceso, identificado bajo el número 599-0250-LPU25, forma parte del expediente EX-2025-07878228- -GDEBA-DSTAMJYDHGP, y fue lanzado por la Subsecretaría de Inclusión Penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense. Según consta en los documentos oficiales, el contrato implica una erogación de $512.776.367,76, en concepto de compra de materiales que serán destinados a talleres y polos productivos relacionados con el sistema penitenciario.
En un contexto donde los hospitales provinciales no tienen insumos básicos, las ambulancias no dan abasto, las escuelas se caen a pedazos —literalmente— y la pobreza golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables, este tipo de contrataciones públicas aparecen como una auténtica provocación. El monto, que podría haberse destinado a reforzar servicios esenciales como salud, educación o seguridad, termina direccionado a una licitación de dudosa urgencia e impacto directo en la población.
La licitación fue publicada oficialmente el 15 de mayo de 2025, y el acto de apertura de sobres se concretó el pasado 4 de junio. El contrato tendrá una duración de 120 días corridos, durante los cuales se entregarán de manera diaria los materiales especificados, sin posibilidad de redeterminación de precios, aunque sí con posibilidad de ampliación hasta un 100%. Es decir, el monto podría escalar hasta más de mil millones de pesos, si así lo decide la gestión provincial.
En los barrios del conurbano, la inseguridad azota sin descanso. Comercios cerrados, robos violentos a plena luz del día y familias enteras aterrorizadas por el narcotráfico, mientras el Estado parece enfocado en abastecer talleres de carpintería penitenciaria. La licitación, además, no acepta más de una oferta, lo cual abre interrogantes sobre la competencia real en el proceso y las condiciones de transparencia.
El encargado de supervisar el contrato es Leandro Miranda, un funcionario del Ministerio de Justicia que deberá responder por el uso de este presupuesto millonario. Entre los evaluadores designados figuran también Betiana Colotto, Karina Dalla Torre, Mariano Chidichimo y Noelia Loreley Berardi, todos integrantes del mismo ministerio.
La licitación, que se ampara en la Ley 13.981 y el Decreto 59/19, ha sido habilitada para su publicación en el portal oficial de la Provincia, pero aún no ha sido explicada por ningún vocero del Ejecutivo bonaerense. Tampoco se han brindado precisiones sobre el impacto esperado de la inversión ni sobre la situación actual de los llamados “Polos Productivos” a los que se destinarán los materiales.
En definitiva, la decisión de gastar más de 500 millones de pesos en madera y clavos mientras la provincia se cae a pedazos, parece más una provocación que una política pública racional. En un momento donde cada peso cuenta, donde la urgencia social es desesperante, y donde la gente necesita respuestas concretas, el gobernador Kicillof elige priorizar partidas que poco y nada tienen que ver con las demandas urgentes de la población.
Una gestión que, cada día más, parece encerrarse en su propio relato mientras la realidad golpea con fuerza a millones de bonaerenses que ya no pueden esperar.
