Mientras la agenda pública gira en torno al Mundial, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al diputado bonaerense de La Libertad Avanza por la Octava Sección, Francisco Adorni, continúa avanzando en los tribunales federales.
El pasado 8 de julio, el juez federal Daniel Rafecas dispuso una nueva serie de medidas de prueba antes de resolver el pedido de citación a declaración indagatoria que había formulado el fiscal Guillermo Marijuán. La causa busca determinar si la evolución patrimonial del legislador resulta compatible con los ingresos que declaró durante su desempeño en la función pública.
Entre las diligencias ordenadas figura un requerimiento al Banco Provincia para conocer el detalle de los pagos efectuados entre 2024 y 2026 para cancelar un crédito hipotecario por 60 millones de pesos. Además, el magistrado solicitó a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni y pidió informes al Registro de la Propiedad para verificar la titularidad de dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio mediante una sucesión.
Uno de los principales ejes de la investigación es una rectificación de la declaración jurada presentada por el legislador, en la que incorporó alrededor de 21 millones de pesos que atribuyó a una herencia familiar. Según la Fiscalía, esos montos presentarían inconsistencias respecto de la información patrimonial declarada en el marco de la sucesión de su padre, circunstancia que motivó nuevas medidas de verificación.
En ese contexto, Marijuán también sostuvo que la experiencia profesional de Adorni como contador público y su paso por organismos estatales hacen necesario un análisis exhaustivo sobre las omisiones detectadas en las declaraciones juradas, al considerar que difícilmente puedan atribuirse, sin más, a errores involuntarios.
Paralelamente, la Cámara Federal dispuso que otra investigación relacionada con el legislador tramite en Comodoro Py. Esa causa, iniciada a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, analiza actuaciones vinculadas con el paso de Adorni por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Allí se procura establecer si existieron irregularidades en un préstamo otorgado a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y si los hechos podrían configurar delitos contra la administración pública.
La defensa de Francisco Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo que las diferencias detectadas responden a cuestiones administrativas y errores formales posteriormente rectificados ante los organismos correspondientes. Según esa postura, no existe un incremento patrimonial injustificado ni conducta penalmente reprochable.
Hasta el momento, ninguna de las investigaciones registra imputaciones con procesamiento ni una resolución definitiva. En el expediente por enriquecimiento ilícito, Rafecas continúa reuniendo elementos de prueba antes de decidir si corresponde o no convocar al legislador a prestar declaración indagatoria.
El avance de la causa también adquiere relevancia política por tratarse del hermano del exvocero presidencial Manuel Adorni. Sin embargo, el expediente judicial se encuentra en etapa de investigación y será la Justicia la que determine, con las pruebas reunidas, si existen elementos suficientes para avanzar o si corresponde descartar las sospechas.
