El ex delegado de Los Hornos elaboró una propuesta que busca transformar la respuesta del Estado frente a delitos, abusos, situaciones de violencia, fallecimientos y hechos traumáticos. El proyecto contempla asistencia jurídica, psicológica, social, administrativa, previsional y económica, además de un gestor especializado para cada víctima o familia.
“Cuando una persona atraviesa una tragedia, el Estado debe acompañarla, no llenarla de trámites”.
Con esa premisa, Pablo Cosso, ex delegado de Los Hornos, elaboró un Proyecto Integral de Acompañamiento, Protección y Asistencia a Víctimas y Familias, una iniciativa que plantea una nueva forma de abordar desde el Estado las situaciones que dejan a una persona o a una familia en un escenario de extrema vulnerabilidad.
La propuesta parte de una problemática concreta: una persona que es víctima de un delito, un abuso, una situación de violencia o un hecho grave no sólo debe atravesar las consecuencias emocionales y personales de lo ocurrido, sino que muchas veces queda atrapada en una sucesión de denuncias, expedientes, certificados, turnos, trámites previsionales, seguros, obras sociales, cuestiones bancarias y procesos judiciales.
La situación puede ser todavía más compleja cuando una familia pierde a un hijo, una hija, un marido, una esposa u otro ser querido.
Ante ese escenario, el proyecto propone cambiar la lógica de atención.
“La víctima no debe recorrer el Estado. El Estado debe acompañar a la víctima”, es uno de los principios centrales de la iniciativa.
Un sistema integral de acompañamiento
El proyecto propone crear un Sistema Integral de Acompañamiento a Víctimas y Familias, destinado a garantizar asistencia jurídica, psicológica, social, administrativa, previsional y económica cuando corresponda.
También contempla orientación durante los procesos judiciales y mecanismos de seguimiento para que las personas puedan conocer qué está ocurriendo con sus trámites y causas.
El objetivo general es que ninguna víctima o familia quede sola frente a la burocracia estatal.
El programa estaría destinado a víctimas y familiares de situaciones de abuso, violencia, violencia familiar, violencia de género, delitos agravados, robos violentos, lesiones graves, hechos traumáticos derivados de delitos, fallecimientos violentos y accidentes con consecuencias graves, además de otras situaciones de extrema vulnerabilidad.
El proyecto también contempla una atención especial para personas viudas, madres y padres que pierdan un hijo, hijos que pierdan a sus padres, familias con niños o adolescentes a cargo, personas con discapacidad, adultos mayores y familias que atraviesen dificultades económicas.
Un Centro de Acompañamiento como puerta de entrada
Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de un Centro de Acompañamiento a Víctimas y Familias, que funcionaría como puerta de entrada al sistema.
La persona realizaría una única presentación inicial y, a partir de allí, un equipo especializado elaboraría un plan de acompañamiento de acuerdo con las características y necesidades de cada situación.
La intención es evitar que una persona que acaba de atravesar una tragedia tenga que comenzar desde cero cada vez que necesita asistencia de un organismo diferente.
La figura del Gestor Especializado
Uno de los pilares centrales de la propuesta es la creación de la figura del Gestor Especializado de Víctimas y Familias.
Cada víctima o familia tendría asignado un profesional especialmente capacitado para acompañar situaciones de delitos, abuso, fallecimientos, duelo y vulnerabilidad social.
Su función no sería solamente brindar información, sino gestionar, coordinar y hacer seguimiento.
Entre sus responsabilidades estarían:
- Identificar todos los trámites necesarios.
- Explicar a la familia cuáles corresponden.
- Reunir y organizar documentación.
- Solicitar turnos.
- Realizar presentaciones administrativas cuando legalmente corresponda.
- Coordinar con los distintos organismos.
- Hacer seguimiento de expedientes.
- Informar a la familia sobre cada avance.
- Detectar beneficios y derechos que puedan corresponder.
- Coordinar asistencia jurídica.
- Coordinar asistencia psicológica.
- Coordinar asistencia social.
- Evitar trámites innecesarios o duplicados.
- Acompañar personalmente cuando sea necesario.
La idea es que la familia no tenga que preguntarse constantemente dónde debe ir o qué trámite debe realizar.
El concepto que atraviesa esta propuesta es claro: la familia tendrá un profesional que se ocupe de coordinar y explicar cómo continúa cada gestión.
Ventanilla Única de Víctimas y Familias
El proyecto también contempla una Ventanilla Única de Víctimas y Familias, desde donde se centralizaría la orientación y coordinación de diferentes gestiones.
Entre ellas se incluyen documentación, pensiones, seguros, obras sociales, asistencia social, trámites previsionales, cuestiones administrativas, derivaciones médicas, asistencia psicológica, orientación jurídica e información sobre causas judiciales.
El objetivo es reducir al mínimo el desplazamiento de la víctima entre distintos organismos.
“Trámite Cero”: un protocolo ante los fallecimientos
Una de las propuestas específicas es la creación del programa denominado “Trámite Cero”, pensado para situaciones de fallecimiento.
Cuando una persona pierde a un hijo, marido, esposa o familiar directo, se activaría un Protocolo de Acompañamiento por Fallecimiento.
El gestor especializado elaboraría una ruta de trámites y coordinaría las diferentes gestiones relacionadas con:
- Partida de defunción.
- Documentación.
- Pensiones.
- Seguros de vida.
- Obras sociales.
- Beneficios previsionales.
- Asignaciones correspondientes.
- Orientación sucesoria.
- Trámites bancarios que correspondan legalmente.
- Asistencia social.
- Otros trámites derivados del fallecimiento.
La premisa es evitar que una familia que atraviesa un duelo tenga que convertirse, al mismo tiempo, en especialista en trámites administrativos.
Protección especial para personas viudas
El proyecto contempla una atención específica para las personas que pierden a su pareja.
La propuesta parte de considerar que una persona viuda puede quedar, de un día para otro, frente a nuevas responsabilidades económicas, familiares y administrativas.
Por eso se plantea acompañamiento para gestionar pensiones, seguros, obras sociales, beneficios previsionales y documentación.
También se contempla orientación económica, asistencia laboral, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y beneficios destinados a hijos menores cuando correspondan.
En todos los casos, el gestor especializado sería quien coordinaría las diferentes gestiones.
Un protocolo especial para padres que pierden un hijo
Otro de los capítulos centrales del proyecto está destinado a los padres que pierden un hijo.
La propuesta establece un protocolo especial de acompañamiento que contemple:
- Atención psicológica especializada.
- Acompañamiento social.
- Asistencia jurídica.
- Gestor administrativo.
- Orientación económica.
- Seguimiento durante el proceso judicial cuando corresponda.
- Acompañamiento durante el duelo.
El proyecto sostiene que el acompañamiento no debería finalizar después del funeral o de la denuncia, sino continuar mientras exista una necesidad concreta.
Asistencia jurídica gratuita
El sistema también garantizaría orientación jurídica gratuita y, cuando corresponda, patrocinio.
La víctima recibiría información clara sobre sus derechos, el estado de la causa, medidas de protección, denuncias, procesos judiciales, posibles indemnizaciones, seguros, beneficios y recursos disponibles.
La iniciativa pone especial énfasis en que la víctima pueda comprender qué está ocurriendo con su caso y cuáles son los próximos pasos.
Atención psicológica y acompañamiento durante el duelo
El proyecto propone crear una red de profesionales especializados para brindar primera asistencia psicológica, atención individual y familiar, atención a niños y adolescentes, tratamiento de situaciones traumáticas y acompañamiento durante procesos judiciales.
También se contempla atención especializada en duelo y seguimiento posterior.
En situaciones como la pérdida de un hijo o de una pareja, el proyecto plantea la posibilidad de establecer un acompañamiento prolongado.
Asistencia social ante situaciones de vulnerabilidad
La iniciativa incorpora además la intervención de trabajadores sociales que puedan evaluar las condiciones familiares y económicas de cada caso.
Cuando corresponda, se podría gestionar el acceso a alimentos, medicamentos, ayuda habitacional, asistencia económica, programas sociales, orientación laboral y asistencia para gastos urgentes.
Asistencia económica de emergencia
Otro de los puntos que contempla el proyecto es la posibilidad de establecer una asistencia económica de emergencia cuando una tragedia genere una situación económica crítica.
La ayuda podría contemplar situaciones como la pérdida del principal ingreso familiar, gastos urgentes derivados de un fallecimiento, necesidades alimentarias, medicamentos, traslados o problemas habitacionales.
La propuesta establece que este mecanismo debería contar con criterios previamente definidos, mecanismos de evaluación y controles que garanticen transparencia.
Evitar la revictimización
El proyecto también pone el foco en una problemática que muchas veces atraviesan quienes sufren hechos traumáticos: tener que repetir una y otra vez lo sucedido ante diferentes organismos.
Por eso propone establecer mecanismos de coordinación institucional que permitan evitar la repetición innecesaria del relato, siempre respetando la legislación vigente y la confidencialidad de la información.
Uno de los principios que resume esta mirada es:
“La víctima no es un expediente. Es una persona”.
Prioridad según el nivel de vulnerabilidad
La iniciativa propone establecer un sistema de atención prioritaria.
Entre los grupos que tendrían prioridad se encuentran:
- Niños y adolescentes.
- Personas víctimas de abuso.
- Víctimas de violencia extrema.
- Víctimas de delitos agravados.
- Personas con discapacidad.
- Adultos mayores.
- Personas en riesgo.
- Familias que hayan sufrido un fallecimiento violento.
- Padres que hayan perdido un hijo.
- Personas viudas con hijos a cargo.
- Familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Una línea de atención permanente
El proyecto plantea además la creación de una línea telefónica y digital específica para víctimas y familias.
A través de ese canal se podría solicitar asistencia, consultar un trámite, solicitar un gestor, informar una situación de riesgo, pedir asistencia psicológica, solicitar orientación jurídica o consultar el estado de un caso.
Cada persona tendría un número de seguimiento único, permitiendo identificar y acompañar la situación durante todo el proceso.
Un equipo interdisciplinario
El funcionamiento del sistema requeriría un equipo compuesto por diferentes profesionales.
La iniciativa contempla abogados, psicólogos, trabajadores sociales, gestores especializados, profesionales administrativos, especialistas en violencia y abuso, profesionales especializados en duelo y personal capacitado específicamente en atención a víctimas.
También se plantea incorporar orientadores previsionales y sociales.
La propuesta establece que todos deberían trabajar de manera coordinada y no como áreas aisladas.
Capacitación obligatoria
Otro de los aspectos incluidos en el proyecto es la capacitación obligatoria para los profesionales que intervengan en el sistema.
La formación debería incluir atención a víctimas, derechos de las víctimas, violencia, abuso, delitos graves, duelo, comunicación en situaciones traumáticas, atención de niños y adolescentes, prevención de la revictimización y confidencialidad.
Seguimiento personalizado de cada caso
Cada víctima o familia tendría un expediente de acompañamiento.
El gestor debería realizar un seguimiento periódico y dejar constancia de los trámites realizados, los pendientes, los organismos intervinientes, la asistencia recibida, las necesidades detectadas y los próximos pasos.
Además, la familia podría consultar el estado de su caso.
La intención es que el acompañamiento no termine en una primera entrevista, sino que exista un seguimiento efectivo hasta que las necesidades planteadas hayan sido atendidas.
Coordinación entre Nación, Provincia, Municipio y otros organismos
Para que el sistema funcione, el proyecto propone una articulación permanente entre diferentes áreas y niveles del Estado.
Entre los organismos con los que debería coordinarse se encuentran organismos judiciales, fuerzas de seguridad, áreas de salud, Desarrollo Social, áreas de género, organismos previsionales, obras sociales, municipios, Provincia y Nación.
También se contempla la participación de organizaciones especializadas.
El principio es que la víctima no sea utilizada como intermediaria entre organismos y que sean las propias instituciones las que coordinen entre sí.
El derecho a recibir información clara
El proyecto establece además un derecho a la información.
La víctima no debería recibir únicamente términos técnicos, números de expediente o respuestas burocráticas.
Debería poder saber qué ocurrió con su trámite, qué documentación falta, qué organismo interviene, cuáles son los próximos pasos, cuánto podría demorar el procedimiento y qué derechos tiene.
La información debería ser clara, sencilla y comprensible.
Protección de la información y confidencialidad
La iniciativa también contempla mecanismos de protección de la información.
Los datos obtenidos durante el acompañamiento deberían ser tratados bajo estrictas normas de confidencialidad y protección de datos personales.
Además, los profesionales sólo deberían acceder a la información necesaria para cumplir con sus funciones.
Evaluación y control del programa
El proyecto no se limita a crear el sistema, sino que también propone mecanismos para evaluar su funcionamiento.
El Estado debería medir periódicamente la cantidad de víctimas asistidas, familias acompañadas, trámites gestionados, tiempos promedio de resolución, derivaciones realizadas, atención psicológica y jurídica brindada y el nivel de satisfacción de las familias.
Esos resultados deberían servir para detectar problemas y mejorar de manera permanente el sistema.
Cinco principios: acompañar, proteger, simplificar, gestionar y reconstruir
Toda la propuesta se estructura alrededor de cinco principios:
ACOMPAÑAR: ninguna víctima debe quedar sola.
PROTEGER: la víctima debe sentirse protegida por el Estado.
SIMPLIFICAR: la burocracia no puede convertirse en una segunda tragedia.
GESTIONAR: un profesional especializado debe hacerse cargo de coordinar los trámites.
RECONSTRUIR: el objetivo final es ayudar a la persona y a la familia a reconstruir su vida.
“Cuando más nos necesitás, el Estado tiene que estar”
En la parte final del proyecto, Cosso resume el espíritu de la iniciativa con una serie de situaciones concretas.
Una madre que perdió un hijo no debería tener que recorrer distintas ventanillas. Una persona viuda no debería tener que descubrir sola cómo tramitar una pensión. Una familia que sufrió un delito grave no debería tener que repetir su historia una y otra vez.
Por eso, la propuesta plantea una respuesta diferente del Estado:
“Vos ocupate de atravesar este momento. Nosotros nos ocupamos de acompañarte y gestionar lo que corresponda”.
La iniciativa busca, de esta manera, colocar a la persona en el centro de la política pública.
Porque detrás de cada expediente existe una historia, detrás de cada denuncia hay una víctima y detrás de cada fallecimiento hay una familia.
El planteo de Cosso parte de una idea concreta: no alcanza con recibir una denuncia, entregar un formulario o indicar dónde debe dirigirse una persona. El Estado debe acompañar, proteger, escuchar y gestionar.
El proyecto se cierra con una frase que sintetiza toda la propuesta:
“ACOMPAÑAR PARA RECONSTRUIR”
Una iniciativa que busca que ninguna víctima y ninguna familia tengan que atravesar solas uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
