La relación entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, quedó bajo la lupa en la Legislatura bonaerense. El senador provincial de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes en la Cámara Alta para que el Poder Ejecutivo detalle los alcances del acuerdo firmado por el manejo del Estadio Único de La Plata.
La iniciativa surgió luego de que se conociera la existencia de una causa judicial que involucra a Tapia y a otros dirigentes de su gestión, lo que encendió alarmas en el bloque libertario y motivó el planteo de posibles irregularidades en los vínculos institucionales entre la Provincia y la casa madre del fútbol argentino.
En el proyecto, Curestis solicita precisiones sobre la figura jurídica utilizada para otorgar a la AFA el control del estadio ubicado en 25 y 32. En ese sentido, exige saber si se trata de una concesión, un permiso de uso, un comodato, un convenio de cooperación o algún tipo de contrato por fuera de las figuras tradicionales. Además, pidió que se informen los montos estimados de inversión, las fuentes de financiamiento previstas, los plazos de ejecución de las obras y cuáles serán los organismos provinciales responsables de auditar y controlar el avance y la correcta realización de los trabajos.
El reclamo se inscribe en una larga lista de cuestionamientos opositores vinculados al Estadio Único, en un contexto de fuerte tensión política y judicial entre el Gobierno nacional y la AFA. No es la primera vez que el convenio genera controversia: en enero de este año, el legislador platense del PRO, Marcelo Leguizamón, había presentado un pedido de informes para que el gobernador Axel Kicillof explicara el acuerdo firmado en diciembre de 2024 con Tapia, cuyo objetivo era convertir al estadio en la “nueva casa del fútbol argentino”.
En aquella oportunidad, Leguizamón solicitó conocer la fecha estimativa de inicio de las licitaciones, los plazos previstos para la finalización de las obras, el porcentaje de financiamiento que aportaría la AFA y el que asumiría el Gobierno provincial, así como la forma en que ambas partes se distribuirían los costos.
Con este nuevo pedido de informes, la oposición vuelve a poner en el centro del debate la transparencia del acuerdo y el rol del Estado provincial en un convenio que, para algunos sectores, presenta más interrogantes que certezas.
